Relatoría de la CIDH constata graves condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires

Vale la pena leer el comunicado de prensa de la Relatoría de la CIDH, fechado hoy 21/6/10, en el que se informa sobre las conclusiones preliminares de la visita reciente (7 al 10/6/2010) a cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.
En ese comunicado la relatoría comienza por expresar "profunda preocupación" por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. Recuerda que "además de respetar su vida e integridad personal, el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana".
La Relatoría "considera preocupante el uso abusivo de la detención preventiva, en detrimento de los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal" y "observa que los jueces optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político".
Sobre las últimas reformas al CPP de la provincia de Buenos Aires, y en consonancia con las voces alzadas desde las ONG del sector (por ejemplo INECIP y CELS), la Relatoría "observa con preocupación las últimas reformas procesales por las que se restringió el acceso a las medidas alternativas a la privación de libertad y se aplican criterios sustantivos para el análisis de procedencia de la prisión preventiva, en contradicción con los estándares internacionales". También reiteró el reclamo permanente de que cese el uso de las dependencias policiales como centros de detención.
Respecto a las condiciones de detención, señaló como puntos de especial preocupación:
* el uso sistemático de tortura y tratos crueles
* la insuficiencia de los anuncios sobre construcción de unidades
* la política de traslados como medida disciplinaria y de control
* las malas condiciones edilicias
* la deficiente atención médica en las cárceles
* la falta de atención médica en las comisarías
* la inadecuada alimentación suministrada
* lo inadecuado de los programas de rehabilitación y educación

Además de esta sensible y sensata agenda, es muy interesante la "receta" que sugiere la Relatoría para, como dice el documento, fortalecer los mecanismos de protección: "es necesario otorgar la independencia y autonomía necesaria a la Defensa Pública Provincial e instaurar el mecanismo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, garantizar la independencia de los miembros del Poder Judicial, a fin de que cumplan de manera efectiva con su función de control de la legalidad de la detención preventiva y de la ejecución de la pena, libres de cualquier tipo de ingerencia o presión".

En el cierre del comunicado, la Relatoría "insta al Estado argentino, en particular a la provincia de Buenos Aires, a diseñar e implementar una política penitenciaria acorde con los principios internacionales que rigen la materia; y a formular un plan general orientado a superar la grave situación que padecen las personas privadas de la libertad y a asegurar el goce efectivo de sus derechos humanos."